Por la colegiación voluntaria de actores

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Por la colegiación voluntaria de actores

Javier J. Hernández Acosta[1]

javihernandez@yahoo.com

La colegiaciones profesionales han estado muy presente en el debate nacional en los últimos años. En días recientes comenzó la discusión sobre la colegiación compulsoria de actores gracias a un proyecto de ley que plantea que dicha colegiación sea de carácter voluntario. Este debate no debe pasar desapercibido, sobre todo en momentos en que procuramos una nueva política cultural amplia, coherente y que ubique a la cultura en un nuevo espacio dentro de la agenda del país.

La colegiación de actores se estableció en 1986 como mecanismo para atender un mayor flujo de contenidos y recursos culturales que venían del extranjero. Como en muchos otros países, y a pesar de que nuestra relación política con los Estados Unidos lo imposibilitan, esta es una estrategia loable. Sin embargo, más allá de promover talleres de trabajo, el mecanismo se convirtió en una barrera para los propios artistas locales. Las colegiaciones profesionales establecen regulaciones para proteger el interés público. Esto ocurre en profesiones que requieren estandarización por razones de seguridad, salud, libertad, etc.

Sin embargo, en las artes y la cultura, el alto interés público es promover el acceso y participación en la vida cultural de un país. En las artes, por más que queramos definir profesionalización, buscando un mejor panorama laboral, no es posible tirar la raya entre unos y otros. Por esta razón, contrario a tratar de forzar mecanismos de mercados laborales tradicionales, tenemos que desarrollar nuestros propios espacios de colaboración y asociación. Tan útil para la cultura es un Colegio de Actores con ingreso voluntario que los 600 actores que se han reunido de manera informal a promover este cambio. Necesitamos cooperativas, asociaciones, colegios que promuevan el desarrollo profesional y redes informales.

Tenemos que superar la idea de que el único mecanismo que tiene el gobierno para promover una política pública es regulando, tal y como ha vuelto a ocurrir con el proyecto del carnet para presentarse en espacios públicos. Los actores y artistas del país necesitan cada día mejores condiciones que faciliten el trabajo que muy bien saben hacer. Las soluciones tienen que ser tan creativas como ese trabajo. De lo contrario, seguimos creando legislaciones cuyas externalidades son más dañinas que su beneficio.

 

[1] El autor es profesor universitario y director ejecutivo de Inversión Cultural